El Poder Judicial dictó medida contra sujetos acusados de agredir con cuchillo a suboficiales.
El 25 de septiembre, el 21.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ordenó siete meses de prisión preventiva contra Julián Felipe Cely Alonso y Diver Farley Calderón Farfán, acusados de robo agravado y violencia contra la autoridad por atacar con un cuchillo a dos suboficiales en Surquillo. La medida busca garantizar el proceso penal y proteger a las víctimas. La Defensoría del Policía respaldó jurídicamente a los agentes heridos y garantizó atención médica.
La Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores de Surquillo solicitó la prisión preventiva al formalizar la investigación preparatoria. Sustentó el pedido en la gravedad de las lesiones sufridas por los policías y en el riesgo de fuga de los procesados. La audiencia se realizó con la participación de la Defensoría del Policía y concluyó con el dictamen que mantiene a los imputados bajo custodia judicial.
El caso se originó el 9 de septiembre, cuando Jair Ezequiel Siles Cruz denunció el robo de su celular cerca de la estación Angamos del Metropolitano. Agentes policiales intervinieron a los sospechosos, quienes ofrecieron resistencia. Durante el operativo, uno de ellos usó un cuchillo para amenazar a los efectivos y agredió a los suboficiales Jorge Isuiza Almeida y Eduardo Aguilar Ramírez, provocándoles heridas punzocortantes en diversas partes del cuerpo.
Los agentes heridos recibieron atención médica inmediata en el hospital Casimiro Ulloa y luego pasaron al Hospital Nacional PNP, donde permanecieron en observación para descartar complicaciones. La Defensoría del Policía brindó acompañamiento a los suboficiales así como a sus familias desde el primer momento y aseguró asistencia legal y seguimiento de su recuperación física y emocional tras el violento incidente.
La Defensoría también presentó un escrito para que los hechos sean tipificados como violencia contra la autoridad e impulsó la revisión de videos y pruebas que acreditan la agresión. La institución seguirá de cerca el proceso judicial para velar por los derechos de los policías afectados y exigir que las sanciones se apliquen con firmeza frente a actos de violencia contra quienes resguardan el orden público.
La decisión judicial envía un mensaje contra la impunidad en los ataques a efectivos policiales. Mientras el proceso continúa, los acusados permanecerán recluidos y sujetos a las investigaciones. El caso evidencia la necesidad de fortalecer la protección a los agentes que enfrentan situaciones de riesgo en servicio y el compromiso institucional de respaldarlos con defensa legal y acompañamiento integral.
