Esta institución cuestiona fallo que debilita el principio de autoridad y respalda apelación del Ministerio Público.
La Defensoría del Policía expresa su rechazo a la decisión judicial que convirtió la pena efectiva de prisión, inicialmente solicitada por la Fiscalía, en jornadas comunitarias y terapia psicológica para los agresores de la suboficial PNP Lucero Príncipe Camarena. Esta medida, según la institución, representa un grave retroceso en la defensa del principio de autoridad y en la protección del personal policial.
El fallo se dictó este martes tras un acuerdo anticipado entre Fiscalía e imputados. Aunque la Fiscalía pidió prisión efectiva, el juez impuso 200 jornadas comunitarias, tratamiento psicológico y el pago de S/ 8 000 a la suboficial agredida y S/ 2 000 a la Procuraduría del Ministerio del Interior por resistencia a la autoridad y afectación a la imagen institucional.
La Defensoría del Policía manifestó que la sanción impuesta no guarda proporción con la gravedad del hecho, registrado en video y ampliamente difundido. "Una agresión directa a una suboficial en funciones no puede tratarse con medidas simbólicas. Es indispensable que la justicia actúe con firmeza para proteger la labor policial y disuadir futuras agresiones", sostuvo el director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez.
Asimismo, la Defensoría del Policía recordó que el principio de autoridad es un pilar fundamental para la convivencia democrática y la seguridad ciudadana. "Minimizar la gravedad de estos actos puede abrir la puerta a un clima de impunidad. No se puede permitir que la violencia contra quienes hacen cumplir la ley quede sin una respuesta ejemplar del Poder", advirtió.
El Ministerio Público ha presentado una apelación ante la decisión del magistrado César Augusto Lozano Vásquez, postura compartida institucionalmente por la Defensoría del Policía. La entidad reafirma su acompañamiento legal y emocional a la suboficial agraviada, así como su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales del personal policial en todo el territorio nacional.
Finalmente, la Defensoría del Policía invocó a los operadores de justicia y a la sociedad a valorar el rol de la Policía Nacional del Perú en el mantenimiento del orden público. "Respetar la autoridad no es una opción, es un deber cívico. Sin ese respeto, no hay seguridad ni justicia posible", concluyó el Defensor del Policía.
