El Ministerio Público busca dejar sin efecto la sentencia de primera instancia que absolvió al suboficial Davi Peña Zea, procesado por homicidio simple tras repeler un asalto armado en San Juan de Miraflores.
La segunda instancia del Poder Judicial evalúa hoy la sentencia que absolvió al suboficial PNP Davi Jonhatan Peña Zea del delito de homicidio simple, luego de que el Ministerio Público solicitara dejar sin efecto el fallo emitido en primera instancia. El caso se remonta al 22 de junio de 2023, cuando el efectivo policial, en su día de franco, enfrentó un asalto armado mientras realizaba servicio de taxi por aplicativo en San Juan de Miraflores. La Resolución n.° 16 lo absolvió del cargo, dejó sin efecto las medidas limitativas dictadas en su contra y declaró infundada la pretensión civil.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público sostuvo que correspondía atribuir responsabilidad penal al suboficial bajo la tesis de una legítima defensa imperfecta, al considerar que el uso de su arma no habría sido proporcional. En esa línea, planteó que la conducta imputada debía ser sancionada como homicidio simple.
La sentencia de primera instancia evaluó los hechos, la prueba actuada y el contexto en que se produjo el ataque. El expediente recoge que Peña Zea fue interceptado por dos sujetos que abordaron su vehículo como falsos pasajeros, lo golpearon y lo amenazaron con armas para despojarlo de sus pertenencias.
Sobre esta nueva etapa del proceso, el director general de la Defensoría del Policía, Gral. (r) Máximo Ramírez de la Cruz, señaló: “Esperamos que la sala superior valore con objetividad los hechos, la prueba actuada y el contexto real de violencia que enfrentó el suboficial Peña Zea. No se puede juzgar de espaldas al riesgo cierto e inmediato que afrontó esa noche.”
La postura institucional de la Defensoría del Policía es clara: la defensa legal del suboficial Peña Zea se sustenta en el respeto al debido proceso, en la valoración integral de la prueba y en la necesidad de distinguir con precisión los casos en los que un efectivo policial actúa frente a una amenaza real contra su vida. La entidad sostiene que ningún policía debe quedar desprotegido cuando enfrenta un proceso penal por hechos ocurridos en un escenario de agresión grave y riesgo inminente.
Hoy, la sala superior deberá decidir si confirma la absolución dictada en primera instancia o si revoca ese fallo, en un caso que ha abierto debate sobre la legítima defensa, la razonabilidad de la reacción y la protección jurídica que corresponde al personal policial cuando enfrenta un ataque armado.
